Ante las Subdelegaciones del Gobierno de España en Granada y Sevilla, delegados de personal y miembros de comités de empresa de FSIE Andalucía han defendido alto y claro la dignidad de todos los profesionales de la enseñanza concertada sostenida con fondos públicos.
Lo hacemos después de años de diálogo, reuniones, propuestas y trabajo institucional desarrollado por FSIE ante el Ministerio de Educación, las Administraciones educativas, los grupos parlamentarios y el Consejo Escolar del Estado.
Sin embargo, el Proyecto de Ley actualmente en tramitación vuelve a excluir a los profesionales de la enseñanza concertada de la reducción de carga lectiva que sí se reconoce para la enseñanza pública.
Al mismo tiempo, la infrafinanciación que arrastra desde hace años la enseñanza concertada continúa dificultando la mejora de las condiciones laborales del personal de administración y servicios (PAS).
Pero no hablamos únicamente de horas lectivas, también reivindicamos una mayor calidad educativa, dignidad profesional, igualdad, respeto a los trabajadores y trabajadoras y a las millones de familias que forman parte del sistema educativo sostenido con fondos públicos. No puede haber trabajadores, ni alumnos de primera y de segunda.
La enseñanza concertada forma parte esencial del sistema público educativo español y merece el mismo reconocimiento institucional y las mismas condiciones que el resto de las enseñanzas sostenidas con fondos públicos.
Desde FSIE reclamamos lo siguiente: “Mismo servicio público, mismas condiciones”. Nuestra reivindicación es justa, razonable y cuenta además con respaldo institucional. El Consejo Escolar del Estado ha solicitado reiteradamente que la reducción de carga lectiva se extienda también a la enseñanza concertada.
Las concentraciones que hoy iniciamos continuarán todos los viernes, durante toda la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley y culminarán con una concentración ante el Congreso de los Diputados el día previsto para su votación.
Durante este tiempo FSIE seguirá trabajando con los distintos grupos políticos para impulsar enmiendas que permitan corregir esta desigualdad.

